El mundo por normalistas de Iguala
La indignación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero y su posible asesinato, ha crecido con un gran impacto alrededor del mundo, pancartas y protestas en al menos seis países han sido utilizadas como respuesta a la convocatoria hecha en redes sociales a las que se han sumado España, Argentina, Francia, Estados Unidos, Bolivia, Noruega e Inglaterra.
El eco de angustia que atravesó fronteras, hoy se convierte en reclamo y exacción, pues las embajadas de México en dichos países se han llenado de cartas de solidaridad y exigencias a la nación para resolver el caso de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, quienes el pasado 26 de septiembre fueron agredidos brutalmente por la Policía Federal, estatal y municipal, masacrados y secuestrados por organizaciones del crimen organizado.
Al menos 110 estudiantes -en su mayoría estudiantes de primer año- abordaron los autobuses de la normal de Ayotzinapa para dirigirse a la ciudad de Iguala, donde realizaron un boteo y un llamado a la comunidad para la organización previa de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco registrada el 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, sus actividades fueron interrumpidas por los ataques armados realizados por las fuerzas policiacas, civiles armados e integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos", dejando un saldo de tres normalistas y tres civiles ejecutados y una decena de heridos. La mayoría de los estudiantes salvaron su vida al correr y refugiarse en la Normal, mientras que con fusiles de asalto, el autobús de los integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, que juegan en la tercera división de la liga profesional, fue atacado.
Cada vez aumenta más la tensión, conforme la investigación avanza se ha podido capturar a 34 probables responsables y se han consignado a 29 integrantes de "Guerreros Unidos", dentro de los que se encontraban 22 policías de Iguala, a los que ya se les dictó auto de formal prisión y se mantienen en espera de los numerosos procesos judiciales a los que se seguirán sometiendo por diversos delitos.
Además de cuatro detenidos -Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber- quienes en confesión aseguraron haber matado a 17 estudiantes y haberlos llevado caminando al cerro de Pueblo Viejo, lugar en que excavaron, los asesinaron, les pusieron una cama de ramas y posteriormente colocaron los cuerpos, para después rociarles alguna sustancia combustible y prenderles fuego para dificultar su identificación, ya que este es el cementerio cotidiano de la delincuencia organizada.
Según informó el procurador estatal, Iñaky Blanco, en sus testimonios también confesaron haber detenido a los estudiantes por órdenes del director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velásquez quienes trabajaban en conjunto con el líder de la organización criminal "El Chuky".
Llegaron al sitio mencionado en compañía de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y efectivamente se extrajeron 28 cuerpos de fosas clandestinas, por lo que contará con la ayuda de médicos forenses argentinos para los exámenes genéticos, que tardarán al menos un mes en confirmar si pertenecen o no a los estudiantes, debido a que se encontraron con graves signos de calcinación.
"Crimen de Estado" narcopolíticos, prófugos
Además de solidaridad del pueblo mexicano ante la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Iguala, se comienzan a hacer conjeturas y especulaciones sobre los verdaderos responsables y los políticos prófugos que trabajaron en conjunto con el grupo del crimen organizado "Guerreros Unidos", principalmente; el alcalde municipal José Luis Abarca y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores.
El grupo comunitario de guerrilleros, El Ejército Popular Revolucionario, EPR, calificó el caso de Ayotzinapa como un "crimen de Estado", argumentando que desde hace años Guerrero vive una política de terror, apoyada por las mismas fuerzas armadas y policiales y consideran que con la detención de los 22 policías municipales se pretende crear una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos responsables, "esos que se encuentran en los altos mandos políticos".
En su comunicado, EPR rechaza la hipótesis de los voceros del Estado, en la que dan a entender que lo sucedido en Guerrero se debe a "hechos violentos", "enfrentamientos", "fuego cruzado" o de "agresiones de los manifestantes a los policías", debido a que la verdadera razón es la acción de una política criminal de un Estado policiaco-militar, en el que se generó una estrategia estatal y federal para desaparecer a los estudiantes, mostrando la verdadera cara de la censura y del "terrorismo de Estado".
José Luis Abarca Velázquez: Presidente electo del municipio de iguala en 2012 por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, enfrenta un proceso de desafuero al haber sido citado para declarar su responsabilidad con los hechos de los normalistas de Ayotzinapa y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y al no encontrar su paradero.
Abarca pidió licencia por 30 días para deslindarse del cargo; sin embargo, entre más avanzaba la investigación menos se sabía de su paradero, por lo que se le comenzó a considerar "prófugo", además que las acusaciones con los grupos de narcotráfico.
Entre las sospechas criminales a los que se vincula se encuentran:
*El asesinato del líder social, Arturo Hernández Cardona, líder de Unión Popular. -según testimonio de Nicolás Mendoza-.
*Nexos con grupos del crimen organizado de la zona norte del Estado de Guerrero. -Su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, está identificada como la autora intelectual de la masacre del 16 de septiembre. -Es hermana de Mario Pineda Villa y Alberto "El Borrado" Pineda, operadores del Cártel de los Beltrán Leyva, para quien Abarca sirvió como prestanombre.
*Nepotismo. -Con base a documentos oficiales se reveló que el mandatario y sus familiares dentro del ayuntamiento, y fuera de él, cobran más de 300 mil pesos mensuales entre sueldos y compensaciones.
Por todas estas y muchas más razones, el Consejo Nacional del PRD, aprobó por unanimidad la expulsión inmediata del alcalde, pronunciando con ello el desafuero del político para que afronte sin protección, las acusaciones antes mencionadas, sobre todo la desaparición y la masacre de los normalistas de Ayotzinapa.
Aún no se hace llegar la solicitud de desafuero a la cámara local, pues su procedimiento legislativo tardará por lo menos dos meses por los plazos que marca la ley.
Mientras tanto, el recién elegido dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, dio una disculpa a nombre del partido por no estar al tanto y evitar la alcaldía de Abarca y prometió adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.
Además el dirigente hizo un llamado al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre para cumplir sus obligaciones, al igual que al gobierno federal, debido al "foco rojo" en el que se encuentra no solo el Estado si no todo México, y a resolver y encontrar a los 43 normalistas de inmediato. El gobernador anunció que se someterá a consulta popular para saber si los guerrerenses desean que se vaya.
Por su parte, el legislativo discutirá sobre los asesinatos de normalistas, en dónde por parte de la senadora perredista Dolores Padierna, se pedirá "que no suelten el caso hasta castigar a los responsables y la coordinación entre los gobiernos federal y local para sacar a los narcos de Guerrero".
En la próxima sesión, también se discutirán los temas de la inseguridad a nivel nacional y las estrategias de combate al crimen organizado tanto en Guerrero como en Tlatlaya, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y muchos otros estados.
